Si deliberadamente no acepta una notificación de Hacienda o, tras aceptarla, decide ignorarla, a todos los efectos la Administración le dará por notificado.

Y al no presentar alegaciones o no recurrir en plazo, considerarán que estás conforme con sus actos y estos devendrán firmes.

En definitiva, si decide ignorar las notificaciones de Hacienda perderá una valiosa oportunidad de defenderse.
Y ya después será demasiado tarde.
Otra cosa muy distinta es que ignore una resolución de Hacienda porque no le fue notificada correctamente.

Puede ocurrir que le hayan enviado una carta con la dirección mal escrita, o que el cartero tras encontrarle ausente no se haya molestado en acudir una segunda vez en horario distinto, o que le hayan notificado electrónicamente pero ocurriera un fallo en la sede electrónica.

Si no somos culpables de no haber sido notificados correctamente, aunque Hacienda haya publicado su resolución y considere que es firme, es posible instar su nulidad por indefensión.

Pero en el momento que sepa que la Administración tributaria quiere hacerle una notificación, no la ignore.

Acéptala y lea su contenido. Sólo así podrá defenderse.

Por lo general, el plazo para recurrir contra un acto de Hacienda es de un mes desde que nos lo notifican.

Por eso es importante que apunte la fecha en que recibe todas las notificaciones, para tener claro el día que comienza a correr el plazo.

Dentro de este plazo podremos elegir entre presentar un recurso de reposición o directamente una reclamación económico-administrativa.

El recurso de reposición se presenta ante el propio órgano que dictó la resolución para solicitarle que rectifique por sí mismo su decisión.

La reclamación económico-administrativa se puede presentar directamente o después de haber presentado un recurso de reposición, y serán los Tribunales Económico-Administrativos los que resuelvan el caso.

Una vez los Tribunales Económicos-Administrativos hayan emitido la resolución que ponga fin a la vía administrativa, se podrá recurrir ante los Tribunales de Justicia en el plazo de dos meses.

Sólo con una orden judicial pueden los inspectores de Hacienda entrar en zonas cerradas al público sin su consentimiento.

De modo que si no tienen una orden judicial de entrada y registro, no está obligado a dejarlos pasar.

Si únicamente quisieran acceder a zonas abiertas al público, podrán hacerlo siempre que cuenten con una autorización escrita del Delegado de Hacienda.

Si vienen con una orden judicial, podrán entrar directamente, pero la inspección deberá limitarse a lo establecido en esa orden.

Cuando hicieran comprobaciones no previstas en la orden judicial, posteriormente se podrá recabar la nulidad de dichas actuaciones.

En cualquier caso, es recomendable solicitar la presencia de un abogado o asesor fiscal que supervise las actuaciones llevadas a cabo durante la inspección.

Hay casos que se resuelven en una semana y otros que se resuelven en 15 años.
Lo más común es que se resuelva en un punto intermedio entre esos dos extremos, si bien va a depender de la complejidad del caso y de la cuantía que se esté reclamando.

En buena parte va a depender también de cuán dispuesta se muestre la Administración tributaria a aceptar o no nuestros argumentos.

Lo normal es que la Administración agote hasta el máximo los plazos que tiene para resolver durante la vía administrativa.
Así, en el recurso de reposición la Administración tiene un mes para resolverlo.

En las reclamaciones económico-administrativas, el plazo que tienen los Tribunales Económicos-Administrativos puede ser desde 6 meses hasta 2 años, en función de la cuantía del procedimiento.

Una vez finalizada la vía administrativa si acudimos a los Tribunales de Justicia, éstos no tienen un plazo máximo para resolver.

El tiempo que puede transcurrir desde que iniciamos un procedimiento judicial hasta que obtenemos una sentencia dependerá de la carga de trabajo del Juzgado que nos toque.

A lo que después hay que sumarle la posibilidad de apelar la sentencia y posteriormente de recurrir ante el Tribunal Supremo.

De media los juzgados en primera instancia suelen tardar de media unos 10 meses en resolver el caso, en apelación los tribunales suelen tardar unos 18 meses y el Tribunal Supremo suele tardar unos 2 años en dictar sentencia.