STS 594/2025, de 20 de mayo: responsabilidad subsidiaria de administradores

El auto de admisión planteaba si, al amparo del artículo 43.1.a) LGT, puede imponerse al administrador la carga de acreditar un hecho que le exonere de responsabilidad una vez probada su condición de administrador. La Sala sitúa el debate en el carácter sancionador de esta modalidad de derivación y en la prohibición de invertir la carga de probar la culpabilidad. Examina los artículos 43.1.a) y 176 LGT, además de las garantías invocadas en el recurso. El artículo 176 explica la necesidad de previa declaración de fallido para exigir la responsabilidad subsidiaria, pero no convierte la condición de administrador en prueba de negligencia.

El Tribunal distingue los elementos objetivos —que exista una infracción tributaria de la sociedad y que la persona desempeñara funciones de administración en el período relevante— del elemento subjetivo: haber omitido actos que eran de su incumbencia, consentido incumplimientos de subordinados o adoptado acuerdos que posibilitaron la infracción. La sociedad puede haber sido sancionada y su administrador haber tenido deberes de vigilancia, pero ambos hechos no sustituyen la prueba de una conducta concreta y culpable. En esta modalidad el presupuesto de derivación está íntimamente unido a la existencia de la infracción de la entidad.

La Sala no formula el criterio desde cero: recuerda sus pronunciamientos sobre responsabilidad de administradores y, en particular, las SSTS 729/2023 y 1217/2023, reforzadas por jurisprudencia posterior. Integra las SSTC 76/1990 y 85/2006 sobre culpabilidad, presunción de inocencia y garantías sancionadoras. También menciona la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2024 en el asunto Josefa Solanellas c. España, relativa a una derivación de responsabilidad tributaria. El hilo común es que la Administración no puede tratar una responsabilidad materialmente sancionadora como responsabilidad objetiva.

El artículo 43.1.a) LGT describe determinadas actuaciones y omisiones imputables al administrador. La naturaleza sancionadora excluye que la mera condición de administrador de una sociedad infractora determine, sin más, su responsabilidad. Debe explicarse qué obligación concreta le incumbía, en qué consistió su actuación u omisión y por qué puede reprochársele culpablemente la infracción. No se exige necesariamente dolo: una negligencia acreditada puede ser relevante; lo incompatible con la Constitución es presumirla exclusivamente del cargo o de la sanción a la sociedad.

La sentencia considera los deberes de diligencia de los administradores establecidos por la legislación societaria, incluida la vigilancia del cumplimiento legal de la empresa. Esos deberes ayudan a delimitar la conducta exigible, pero no permiten importar automáticamente al procedimiento tributario sancionador una presunción de culpabilidad por el solo hecho de que la sociedad infringiera sus obligaciones. La atribución tributaria debe apoyarse en las conductas tipificadas en el artículo 43.1.a) LGT, no en una inferencia genérica a partir de la responsabilidad orgánica o de la existencia de obligaciones empresariales incumplidas.

Corresponde a la Administración identificar y probar la acción u omisión culpable y los demás presupuestos de la derivación mediante un procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del presunto responsable. La posibilidad de que éste aporte pruebas de descargo no altera esa regla inicial. El Supremo rechaza trasladarle la carga de probar un hecho negativo —su ausencia de negligencia— y también la utilización de motivaciones estereotipadas sobre una supuesta pasividad. Si la prueba de cargo resulta insuficiente, las dudas deben resolverse conforme a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo.

Al contrastar su doctrina con el acuerdo de 24 de noviembre de 2014, el Supremo aprecia que la Administración se centró en la condición de administrador del recurrente durante los ejercicios de IVA regularizados, sin acreditar suficientemente una conducta culpable propia. La defensa se había colocado en la posición de tener que demostrar que no había actuado negligentemente, mientras el acuerdo ofrecía un esfuerzo probatorio insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. Esa deficiencia determina la estimación de la casación, la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional y la invalidez de la resolución administrativa y del acuerdo de derivación.

La sentencia enuncia cuatro conclusiones: naturaleza sancionadora de esta modalidad de responsabilidad; prohibición de responsabilidad objetiva fundada únicamente en el cargo; prohibición de invertir la carga de acreditar culpabilidad; y deber de la Administración de aportar prueba suficiente en procedimiento contradictorio, resolviendo las dudas conforme al in dubio pro reo. No resuelve por separado las demás preguntas admitidas en casación, porque la primera basta para estimar el recurso. Conviene citar el fundamento cuarto cuando se invoque doctrina jurisprudencial y el tercero cuando se explique por qué alcanza esa conclusión.