Ley 39/2015: procedimiento administrativo común

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Objeto, Administraciones incluidas y estructura del procedimiento

La Ley 39/2015 establece las reglas comunes que deben seguir las Administraciones públicas cuando tramitan expedientes y dictan actos que afectan a las personas. Regula tanto la forma de adoptar decisiones como sus requisitos de validez, sus efectos, las garantías de participación y los mecanismos para revisarlas. También establece el marco procedimental del ejercicio de la potestad sancionadora y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Su ámbito comprende la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales y, según su naturaleza y actividad, entidades integrantes del sector público institucional. La aplicación a organismos, entidades públicas y entidades privadas vinculadas al sector público exige atender a la delimitación del artículo 2, pues no todas quedan sujetas de idéntica forma en todas sus actuaciones.

Un expediente puede comenzar a petición de una persona o por iniciativa de la propia Administración. En ambos casos existe una secuencia reconocible: inicio, tramitación y obtención de hechos, oportunidad de intervención cuando proceda, terminación por el cauce legal y eventual recurso o revisión. La ley ofrece las reglas para entender qué ha ocurrido en cada fase.

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Quién es interesado y cómo actúa su representante

No necesita ser quien presentó la solicitud para tener derechos en un expediente. Es interesado quien lo promueve como titular de derechos o intereses legítimos, quien puede ver afectados sus derechos por la decisión y quien se persona antes de la resolución definitiva teniendo intereses legítimos que puedan resultar afectados. Este concepto es distinto del de simple denunciante: denunciar unos hechos no otorga por sí solo la condición de interesado.

Los interesados pueden actuar por representante. Para presentar solicitudes, interponer recursos, desistir o renunciar a derechos debe acreditarse la representación por un medio válido, incluidos el apoderamiento apud acta y la inscripción en registros electrónicos de apoderamientos cuando corresponda. Para actos de mero trámite, la representación se presume. Si falta la acreditación en una actuación que la requiere, el artículo 5 prevé la posibilidad de subsanarla, con los efectos y plazos correspondientes.

La capacidad de obrar de las personas, el reconocimiento de identidad y firma y la asistencia administrativa no son trámites intercambiables. La identificación muestra quién actúa; la firma expresa voluntad cuando la ley la exige. La Administración debe ofrecer asistencia en las condiciones legalmente previstas a quienes se relacionan por medios electrónicos, y distinguir los derechos generales del artículo 13 de los derechos procesales del interesado del artículo 53.

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Relación electrónica, presentación de escritos y acreditación del registro

Como regla general, una persona física puede elegir relacionarse con la Administración por medios electrónicos o no, salvo que esté incluida en un supuesto legal o reglamentario de obligación. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad están obligadas, al igual que los profesionales con colegiación obligatoria cuando actúan en ejercicio de su actividad, quienes representan a una persona obligada y otros sujetos legalmente previstos. Por ello, el canal adecuado depende de quién presenta y en calidad de qué.

El artículo 16 regula dónde presentar escritos y el funcionamiento de los registros electrónicos. Conviene conservar el justificante que acredita fecha, hora, número de registro y contenido efectivamente enviado. Una fotografía de la pantalla antes de pulsar «enviar», un correo dirigido a un funcionario o una entrada en un portal equivocado no equivalen necesariamente a la presentación en un registro habilitado.

El derecho a no aportar documentos ya presentados o elaborados por las Administraciones funciona en los términos del artículo 28. Ante una petición repetida conviene identificar qué órgano conserva el documento, cuándo fue entregado y si concurre alguna de las excepciones legales a su obtención de oficio. La falta de documentos puede dar lugar a subsanación: si una persona obligada a utilizar medios electrónicos presenta presencialmente una solicitud, el artículo 68.4 atribuye como fecha de presentación la de la subsanación electrónica.

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Inicio a solicitud de parte: requisitos, subsanación y declaraciones responsables

Una solicitud debe identificar al solicitante o representante, el medio de notificación, los hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma cuando corresponda y órgano al que se dirige. Lo importante es que pueda reconocerse qué pretende obtenerse, sobre qué hechos se apoya y dónde debe tramitarse. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial añaden requisitos propios para describir la lesión, la relación causal y, si es posible, su cuantificación.

Cuando falta un requisito exigible, el artículo 68 impone, como regla, requerir su subsanación en diez días y advertir de las consecuencias del incumplimiento. Ser tenido por desistido no es lo mismo que recibir una denegación sobre el fondo: el desistimiento por falta de subsanación requiere una resolución. La Administración puede ampliar el plazo de subsanación en los supuestos legales, pero no toda falta documental obliga a cerrar el expediente.

La declaración responsable y la comunicación del artículo 69 permiten comenzar determinadas actividades o ejercer derechos en los términos de su normativa, sin esperar necesariamente una autorización expresa. Su presentación no elimina la potestad administrativa de comprobación ni convierte en verdaderos los datos inexactos; las consecuencias de una falsedad esencial y la necesidad de título habilitante dependen de la concreta regulación.

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Iniciación de oficio, denuncias, inspección preliminar y medidas provisionales

La Administración puede abrir un procedimiento por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia en los casos previstos. Antes puede realizar actuaciones previas para conocer los hechos y decidir si procede iniciar el expediente. La denuncia pone hechos en conocimiento del órgano, pero no obliga en todos los casos a iniciar el procedimiento ni confiere por sí misma la condición de interesado.

En el procedimiento sancionador, el acuerdo de iniciación debe identificar los hechos atribuidos, su posible calificación, las sanciones que podrían corresponder, el instructor, el órgano competente y las garantías de defensa exigidas por el artículo 64. La acusación administrativa inicial no prueba la infracción: los hechos deben acreditarse y la persona afectada debe poder defenderse según el procedimiento aplicable.

El artículo 56 permite medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, siempre con motivación, proporcionalidad y adecuación. Es necesario distinguir una medida de protección del procedimiento de la sanción o decisión final. Las medidas pueden modificarse o levantarse y no deben mantenerse por mera inercia cuando desaparece su fundamento.

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Plazo de resolución, suspensión y ampliación del procedimiento

El artículo 21 impone, como regla, que la Administración dicte y notifique una resolución expresa. El plazo máximo es el fijado por la regulación del procedimiento; si no establece otro, se aplica el plazo supletorio de tres meses. Salvo habilitación legal o europea, el plazo ordinario no puede superar seis meses. Para calcularlo no basta conocer el día en que alguien presentó un escrito: debe verificarse si el expediente se inició a solicitud o de oficio y cuál es la fecha de referencia legal.

Suspender el plazo máximo para resolver no significa ampliar un plazo concedido al ciudadano para alegar o subsanar. Los artículos 22 y 23 regulan la suspensión y ampliación del plazo máximo de resolución por circunstancias y trámites concretos; el artículo 32 regula la ampliación de plazos de actuaciones o trámites, que generalmente debe solicitarse y decidirse antes de su vencimiento. Las decisiones deben estar justificadas cuando así se exige y no pueden utilizarse como una paralización indefinida.

Cuando el interesado recibe una comunicación sobre informe preceptivo, petición de subsanación o suspensión del cómputo, conviene comprobar si la causa está prevista en la ley, cuándo comenzó, cuándo cesó y qué notificaciones se practicaron. Un retraso administrativo, por sí solo, no acredita que el procedimiento se haya suspendido legalmente.

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Cómo se cuentan los plazos y qué ocurre en un registro electrónico

Los plazos por días se cuentan, con carácter general, en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos, salvo previsión legal o europea de días naturales. Los plazos expresados por meses o años se calculan según el artículo 30: comienzan a contarse el día siguiente a la notificación o publicación, pero vencen en el día equivalente al de ésta; si no existe día equivalente, vencen el último día del mes y, si es inhábil, pasan al primer día hábil siguiente.

La presentación electrónica puede realizarse todos los días del año. Sin embargo, al valorar el cumplimiento de plazos fijados en días hábiles, la presentación en día inhábil tiene las reglas de imputación del artículo 31. La sede electrónica determina el calendario aplicable al registro conforme a la ley. Por eso deben comprobarse el momento de la presentación, el huso horario oficial, el calendario del registro y la regla concreta de cómputo.

El artículo 32 permite ampliaciones justificadas en condiciones concretas y prohíbe ampliar un plazo ya vencido; el artículo 33 prevé la tramitación de urgencia con efectos propios sobre determinados plazos. La existencia de una urgencia personal no reduce por sí sola los plazos administrativos: requiere una previsión legal y, cuando proceda, el acuerdo correspondiente.

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Silencio administrativo y caducidad: consecuencias distintas

Que transcurra el plazo sin resolución produce efectos diferentes según el procedimiento. En solicitudes, el artículo 24 establece la regla de silencio estimatorio con supuestos desestimatorios expresos: responsabilidad patrimonial, derecho de petición, determinadas actividades sobre dominio o servicio público, medio ambiente y recursos. La alzada contra una previa desestimación por silencio puede estimarse por doble silencio cuando tampoco se resuelve en plazo, con las exclusiones legales del artículo 24.1; no equivale a silencio positivo de todos los recursos.

El silencio estimatorio tiene consideración de acto administrativo finalizador, mientras que el desestimatorio permite impugnar sin que la Administración quede liberada de resolver. En las solicitudes con silencio positivo, la resolución expresa posterior solo podrá ser confirmatoria; en los de silencio negativo, la resolución posterior no queda vinculada al sentido desestimatorio. Es importante identificar si la normativa especial cambia ese sentido y si hay trámites que alteren legalmente el plazo.

En procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables, como los sancionadores comprendidos en el artículo 25, la falta de resolución en plazo puede producir caducidad y archivo, no una concesión por silencio. La caducidad de un procedimiento tampoco equivale siempre a la prescripción de la potestad: son instituciones distintas, con consecuencias propias para una eventual nueva incoación.

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Notificación postal o electrónica: eficacia, avisos y acceso al contenido

La notificación debe permitir conocer el texto íntegro de la decisión y la información sobre recursos, órgano y plazos, según los artículos 40 y siguientes. Debe comprobarse cuándo fue puesta a disposición y cuándo se practicó válidamente, porque la fecha de firma del acto no siempre coincide con el inicio del plazo de defensa. Un defecto en el pie de recursos merece examen específico y no hace automáticamente inexistente el acto.

En la notificación electrónica, el artículo 43 distingue el acceso al contenido de la notificación y el rechazo por transcurso de diez días naturales sin acceder cuando el medio sea obligatorio o expresamente elegido. El correo o SMS de aviso previsto en el artículo 41 no es la notificación: su falta no invalida por sí sola una notificación válida. Deben guardarse evidencias de puesta a disposición, acceso, rechazo y canal empleado.

En la notificación no electrónica hay reglas sobre el intento de entrega, las personas que pueden recibirla y los intentos sucesivos. Si se ignora el lugar de notificación o esta no puede practicarse en las condiciones legales, pueden operar anuncios en el BOE según el artículo 44. No debe asumirse que la publicación por edictos es válida sin examinar las circunstancias y gestiones de localización.

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Tramitación simplificada: cuándo cabe y qué garantías conserva

El artículo 96 permite emplear una tramitación simplificada cuando lo justifiquen el interés público o la falta de complejidad. No se trata de que la Administración pueda omitir trámites indiscriminadamente: la ley establece los pasos que forman parte de esa vía y la posibilidad de volver al procedimiento ordinario. En los casos ordinarios de simplificación acordada de oficio, la oposición expresa del interesado obliga a seguir la tramitación ordinaria, con la excepción específica prevista para ciertos procedimientos sancionadores por infracciones leves.

Como regla general, el procedimiento simplificado debe resolverse en treinta días contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo que establece esta forma de tramitación, salvo que reste menos tiempo para el procedimiento ordinario. Las alegaciones al inicio se prevén por cinco días y la audiencia se contempla cuando la resolución vaya a ser desfavorable; también deben practicarse los informes o dictámenes que sean preceptivos. Si se necesitan trámites adicionales, debe continuarse mediante la vía ordinaria.

El acuerdo de simplificación debe notificarse en los casos legalmente previstos y justificarse por interés público o falta de complejidad. Una resolución desfavorable requiere audiencia conforme al artículo 96.6.d). Si resultan necesarios trámites distintos de los enumerados legalmente, se debe seguir la tramitación ordinaria; la simple etiqueta «simplificado» no puede eliminar las garantías.

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Ejecución administrativa: cuándo una resolución puede llevarse a la práctica

Dictar una resolución y ejecutarla son actuaciones distintas. El artículo 97 exige que exista una resolución que sirva de fundamento jurídico antes de iniciar una actuación material que limite derechos, y que se notifique al afectado la decisión que autoriza esa ejecución. El artículo 98 regula la ejecutividad de los actos, con excepciones importantes, entre ellas la suspensión acordada y las resoluciones sancionadoras frente a las que todavía quepa recurso administrativo.

Cuando el destinatario no cumple voluntariamente, los artículos 99 y 100 permiten, en los supuestos legales y tras el apercibimiento exigible, utilizar medios de ejecución forzosa. La elección no es libre: debe respetar la proporcionalidad y, si existen varias vías admisibles, escoger la menos restrictiva de la libertad individual. La entrada en domicilio o en otros lugares constitucionalmente protegidos puede exigir consentimiento o autorización judicial.

Los medios son distintos entre sí. El apremio sobre el patrimonio sirve para cobrar cantidades debidas; la ejecución subsidiaria permite que la Administración realice una actuación sustituible a costa del obligado; la multa coercitiva busca forzar un cumplimiento y necesita habilitación legal, y la compulsión directa sobre las personas está sometida a condiciones particularmente estrictas. Una multa coercitiva no debe confundirse con una sanción que castiga una infracción.

Para ejecutar subsidiariamente una obligación es imprescindible comprobar título ejecutivo, notificación, eventual apercibimiento, proporcionalidad de la medida y liquidación justificada de costes. Las deudas tributarias se someten además al régimen especial de recaudación: la Ley 39/2015 no lo reemplaza. La ejecución forzosa no equivale a imponer una nueva sanción.

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Terminación por acuerdos, reconocimiento y desistimiento

El procedimiento no siempre termina mediante una resolución que estima o deniega una solicitud. El artículo 84 recoge otras causas de terminación, entre ellas desistimiento, renuncia y caducidad, con presupuestos distintos. El artículo 86 permite, cuando la materia admita acuerdo y se respeten los requisitos legales, pactos o convenios que puedan integrarse en el procedimiento o ponerle fin; no supone que cualquier potestad pública o sanción sea negociable.

En un procedimiento sancionador, el artículo 85 prevé, en determinadas condiciones, la terminación por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario. Cuando la sanción sea únicamente pecuniaria, la ley contempla reducciones de al menos el veinte por ciento, acumulables entre sí en los supuestos previstos y con condiciones, incluida la renuncia a acciones o recursos administrativos contra la sanción. Hay que comprobar la regulación sectorial antes de informar sobre su importe y consecuencias.

El desistimiento abandona la solicitud o actuación procesal; la renuncia afecta al derecho cuando sea admisible; y la caducidad depende de sus causas legales. Una resolución de archivo debe señalar qué forma de terminación aplica, porque sus consecuencias para volver a solicitar, reclamar o recurrir pueden ser distintas. Tampoco la falta de subsanación equivale a una decisión desfavorable sobre el derecho material.

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Elaboración de reglamentos y participación ciudadana

Además de los expedientes individuales, la Ley 39/2015 trata del ejercicio de la iniciativa normativa y de la potestad reglamentaria. Los artículos 127 a 131 contemplan competencias normativas, principios de buena regulación y publicidad. Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia son criterios para justificar y examinar una nueva disposición, no simples fórmulas que deban repetirse en su preámbulo.

El artículo 133 regula mecanismos de participación: consulta previa a la elaboración de la norma, audiencia o información pública cuando proceda, publicación de proyectos y supuestos de excepción. Hay que distinguir la consulta sobre si debe elaborarse una regulación de la audiencia sobre el texto ya preparado. Esas garantías permiten a ciudadanos, empresas y organizaciones aportar observaciones sobre efectos reales de la propuesta.

Este bloque requiere una precisión constitucional importante. La STC 55/2018 declaró la inconstitucionalidad de determinados preceptos o su carácter contrario al orden de distribución de competencias en los términos fijados en su fallo y fundamentos; el propio BOE anota esa incidencia junto a los artículos 129, 130 y 133. Por ello, antes de exigir a una comunidad autónoma un trámite concreto por aplicación directa de estos artículos, debe consultarse la sentencia y la normativa autonómica competente.

Para comprobar la aprobación válida de una norma deben identificarse la competencia, los documentos justificativos exigibles, las consultas, la información pública, los informes preceptivos y la publicación. La STC 55/2018 obliga a distinguir los preceptos estatales aplicables a cada Administración y la regulación autonómica competente. La falta de un trámite debe valorarse según su exigibilidad y la consecuencia jurídica concreta, no como nulidad automática.

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Cómo detectar defectos del expediente y escoger una respuesta proporcionada

La secuencia útil empieza por obtener el expediente completo y ordenarlo cronológicamente: solicitud o acuerdo de inicio, justificantes de registro, comunicaciones de subsanación, acuerdo de pruebas, informes, audiencia, propuesta cuando sea exigible, resolución y notificaciones. Conviene anotar cada plazo sobre un calendario que incluya festivos y los posibles períodos de suspensión legalmente acordados.

Después se distingue qué ocurrió de qué debía ocurrir. Una resolución sin respuesta a un argumento decisivo puede plantear un problema de motivación o congruencia; una prueba denegada sin justificación puede afectar al derecho de defensa; un error de notificación puede modificar el inicio de un plazo. No todos los defectos tienen la misma intensidad: el artículo 48 exige valorar la indefensión en los vicios formales y los artículos 49 a 52 permiten conservación o convalidación en condiciones específicas.

Finalmente hay que identificar qué se pretende conseguir: que se subsane un trámite, que se valore una prueba, que se suspenda la ejecución, que se anule una resolución o que se retrotraiga el procedimiento. La solicitud o recurso resulta más comprensible y sólido si relaciona cada hecho acreditado con el artículo aplicable y explica por qué ese defecto cambia la decisión o perjudica la defensa del interesado.

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Expediente, alegaciones, prueba, informes y audiencia

El artículo 53 otorga al interesado derechos propios del expediente: conocer su estado, acceder y obtener copias en las condiciones legales, identificar responsables de la tramitación, aportar documentos y formular alegaciones. El expediente del artículo 70 debe permitir reconstruir las actuaciones relevantes; la documentación y los índices electrónicos resultan esenciales para comprobar qué se aportó, qué se pidió y qué se valoró.

Las alegaciones y documentos pueden presentarse durante la fase correspondiente y deben ser tenidos en cuenta según el artículo 76. La prueba del artículo 77 puede ser propuesta y practicada por los medios admitidos en Derecho. La Administración no puede rechazar arbitrariamente pruebas pertinentes; la inadmisión requiere los fundamentos legalmente previstos. Los informes se solicitan y emiten conforme a los artículos 79 a 81, con diferencias entre su carácter preceptivo y vinculante.

La audiencia del artículo 82 suele situarse antes de redactar la propuesta de resolución y concede un plazo de diez a quince días. Puede omitirse en los supuestos legales, por ejemplo si la resolución solo considera hechos y pruebas aportados por el propio interesado. Si se denegó la audiencia, habrá que valorar si estaba exigida y si su omisión tuvo un efecto efectivo sobre el derecho de defensa; no basta afirmar que toda falta de trámite determina nulidad.

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Resolución motivada y otras formas de terminar el expediente

Los procedimientos pueden terminar por resolución, desistimiento, renuncia válida, caducidad o imposibilidad material sobrevenida, entre otras vías previstas. Cada forma tiene requisitos y efectos propios. Desistir de una solicitud no es necesariamente renunciar al derecho material que podría ejercitarse de nuevo; y que la Administración archive un expediente tampoco significa que haya resuelto el fondo.

Los actos incluidos en el artículo 35 requieren motivación con expresión de hechos y fundamentos de Derecho. El artículo 88 exige que la resolución decida las cuestiones procedentes, sea congruente con la solicitud y señale los recursos aplicables. En un procedimiento iniciado a solicitud de una persona, la resolución no puede agravar su situación inicial por la mera respuesta a esa petición, sin perjuicio de que pueda incoarse otro expediente cuando legalmente proceda.

Para revisar una resolución es útil comprobar por separado la competencia del órgano, los hechos declarados probados, el razonamiento que aplica la norma, la correspondencia con la solicitud y las pruebas aportadas, y la información sobre recursos. Una decisión extensa no es necesariamente una decisión motivada si omite responder la cuestión decisiva.

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Nulidad, anulabilidad, conservación y subsanación de los actos

La ley distingue entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La nulidad del artículo 47 se reserva a supuestos tasados, como determinadas lesiones de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta por materia o territorio o haber prescindido total y absolutamente del procedimiento. La anulabilidad del artículo 48 abarca otras infracciones, pero un defecto formal no siempre invalida el acto: importa si falta un requisito indispensable o se produce indefensión.

La ley permite conservar actuaciones y trámites independientes del vicio y convalidar determinados actos anulables en las condiciones de los artículos 49 a 52. Por ello, si una persona detecta un error en un expediente, conviene identificar la actuación concreta afectada y qué consecuencia jurídica se solicita: corrección material, retroacción, anulación de un acto o repetición de una prueba.

La eficacia de un acto y su validez tampoco son idénticas. El artículo 39 parte de la presunción de validez y establece reglas sobre efectos, publicación y notificación; discutir su validez no suspende necesariamente su eficacia o ejecución. La estrategia de defensa debe tratar separadamente el recurso contra el acto y la posible petición de suspensión.

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Recursos de alzada, reposición, revisión extraordinaria y suspensión

El primer paso es identificar qué acto puede recurrirse y si pone fin a la vía administrativa. El artículo 112 admite recursos contra resoluciones y contra actos de trámite cualificados que decidan el fondo, impidan continuar o causen indefensión o perjuicio irreparable. En cambio, los defectos de trámites ordinarios se combaten normalmente en el curso del procedimiento y en la impugnación de la resolución final.

La alzada procede, como regla, frente a actos que no agotan la vía administrativa y se resuelve por el superior jerárquico. La reposición es potestativa respecto de actos que sí la agotan y se presenta ante el mismo órgano. Frente a actos expresos, los plazos ordinarios de interposición son de un mes, con reglas diferentes para actos presuntos. Las resoluciones tienen plazos de tres meses en alzada y un mes en reposición, con los efectos legalmente previstos cuando no se resuelven.

El recurso extraordinario de revisión no constituye una segunda oportunidad para discutir cualquier acto firme: depende de los motivos tasados del artículo 125 y sus plazos específicos. La interposición de un recurso ordinario no suspende por sí misma la ejecución; el artículo 117 regula cuándo solicitarla, los requisitos de ponderación y el efecto de no resolver la solicitud dentro del mes legal. Es indispensable verificar las especialidades sectoriales antes de aplicar este itinerario.

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Revisión de oficio, revocación y rectificación material

La revisión de oficio de actos nulos, la declaración de lesividad de actos favorables anulables, la revocación de actos desfavorables y la rectificación de errores son mecanismos diferentes. Los artículos 106 y 107 fijan exigencias de competencia, procedimiento y garantías; el artículo 109 permite la revocación de actos de gravamen con límites y la corrección de errores materiales, de hecho o aritméticos en los términos legales.

No se puede usar una simple rectificación de error material para sustituir el razonamiento de fondo de un acto por otro distinto. Tampoco la revisión de oficio permite reabrir indiscriminadamente cualquier decisión: el artículo 110 introduce límites vinculados, entre otros, al tiempo transcurrido, la equidad, la buena fe y los derechos de particulares. La elección del mecanismo requiere identificar la clase de acto y el vicio exacto.

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Garantías propias del procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial

En los procedimientos sancionadores sujetos al procedimiento común es imprescindible distinguir la apertura del expediente, las pruebas de los hechos, la propuesta de resolución y la decisión sancionadora. Los artículos 63 y 64 contienen reglas especiales de inicio; el 85 contempla supuestos de reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario con reducciones legalmente previstas; los artículos 89 y 90 regulan particularidades de propuesta, resolución y ejecutividad. La aplicación de estos preceptos depende del régimen sectorial correspondiente.

Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial buscan, en las condiciones legales, reparación por una lesión atribuible al funcionamiento de un servicio público. Los artículos 67, 81, 91 y 92 regulan aspectos de inicio, prueba, informes y resolución. Hay que individualizar el daño, la relación de causalidad y el momento de manifestación de sus efectos, y examinar el plazo para reclamar y las reglas propias de esa responsabilidad.

El uso profesional de la ley exige distinguir el derecho o la potestad material de la vía procedimental. La Ley 39/2015 explica cómo se tramita y revisa una actuación; para saber si existe la infracción, la ayuda, la autorización o el daño indemnizable hay que examinar además la norma sustantiva aplicable.

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Artículos especialmente relevantes

La selección enlaza directamente con el texto consolidado del BOE. Cada precepto se acompaña de una explicación y una situación en la que conviene consultarlo. Su lectura conjunta es importante: por ejemplo, un plazo de recurso depende del acto y su notificación, mientras que el posible efecto del silencio depende de cómo se inició el procedimiento.

Estos enlaces no sustituyen los artículos que completan cada bloque: el contenido de una solicitud se relaciona con su subsanación, una sanción con la prueba y audiencia, y un recurso con los plazos de los artículos siguientes y las reglas especiales de cada materia.

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Consultar las fuentes

Accede a las fuentes identificadas para contrastar su contenido. Cuando el enlace corresponda a una reproducción editorial, una reseña o un buscador oficial, se indica expresamente.

1. Normativa oficial

   BOE · LPACAP ↗

   Referencia: BOE-A-2015-10565

   Procedencia: Boletín Oficial del Estado

Sobre las fuentes: El texto consolidado del BOE tiene carácter informativo y deben consultarse las publicaciones oficiales para acreditar cada redacción. Conforme a la disposición adicional primera, los procedimientos sujetos a legislación especial se rigen por sus reglas específicas y, en lo que corresponda, por la Ley 39/2015 de forma supletoria; entre ellos figuran procedimientos tributarios, aduaneros, de Seguridad Social y desempleo, determinadas materias sancionadoras y extranjería. Para procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor deben examinarse las disposiciones transitorias. Las reglas relativas a elaboración normativa requieren atender también a la STC 55/2018 y al reparto constitucional de competencias.

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