Normativa · Derecho Laboral y Seguridad Social
Ley reguladora de la Jurisdicción Social: demandas, prueba y recursos laborales
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social · BOE-A-2011-15936
La Ley 36/2011 regula el proceso ante la jurisdicción social: competencia, conciliación previa, prestaciones de Seguridad Social, demandas, juicio, prueba, despidos, recursos de suplicación y ejecución de sentencias.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
- Colección
- Legislación
- Materia
- Derecho Laboral y Seguridad Social
- Fecha
Qué regula esta norma
La Ley 36/2011 establece las reglas procesales para resolver litigios de trabajo y Seguridad Social. Separa la conciliación o mediación laboral de los trámites administrativos previos a determinadas demandas, regula el juicio, la prueba y las modalidades especiales y determina el acceso a suplicación, casación y ejecución de sentencias. Los derechos materiales se regulan en otras leyes laborales y prestacionales.
01
Ámbito de la jurisdicción social y materias excluidas
La Ley 36/2011 organiza el acceso judicial para controversias derivadas de relaciones de trabajo, determinados conflictos colectivos, prestaciones de Seguridad Social y otras materias atribuidas a la jurisdicción social. El artículo 2 enumera cuestiones incluidas y el 3 determinadas exclusiones. No todo conflicto entre una empresa y una persona o entre un ciudadano y una entidad pública se ventila ante el mismo orden judicial.
Esta ley es procesal: regula competencia, actos previos, escritos, comparecencia, prueba, sentencia, recursos y ejecución. El derecho sustantivo se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, las normas de Seguridad Social, convenios colectivos y demás disposiciones aplicables a cada cuestión. La identificación correcta de la pretensión determina la modalidad procesal.
02
Órganos judiciales y reglas de competencia
La materia, el territorio y la clase de litigio determinan el órgano competente. La LJS distribuye asuntos entre órganos de instancia, Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, además de reglas especiales para conflictos colectivos y recursos. La estructura judicial resultante de la LO 1/2025 obliga a leer las antiguas referencias a juzgados conforme a las disposiciones de correspondencia y transición.
La competencia no siempre depende del domicilio del trabajador: pueden existir fueros y opciones ligadas al lugar de prestación de servicios, sede de la empresa u otros elementos según la acción. En asuntos de Seguridad Social la competencia territorial puede depender de circunstancias y opciones distintas, por lo que debe comprobarse el artículo aplicable.
03
Partes, representación, defensa y asistencia jurídica
Trabajadores, empresas, entidades gestoras, sindicatos y otros sujetos pueden intervenir en el proceso conforme a su legitimación y a la modalidad elegida. La representación y defensa no reproducen sin más la regla de abogado y procurador preceptivos del proceso civil: la LJS contiene un régimen propio y exigencias específicas para recursos y distintas instancias.
La asistencia jurídica gratuita tiene reglas especiales, y la intervención del Ministerio Fiscal, el Fondo de Garantía Salarial u otros organismos puede estar prevista en asuntos concretos. Deben acreditarse adecuadamente poderes, representación colectiva y capacidad para actuar cuando se plantee la demanda.
04
Conciliación o mediación previa en conflictos laborales
En numerosas reclamaciones laborales individuales la conciliación o mediación previa es un requisito que debe cumplirse antes de presentar demanda, mediante el servicio correspondiente o por el procedimiento convencional habilitado. El artículo 63 contiene la regla general y el 64 enumera supuestos exceptuados, que no pueden ignorarse.
La presentación de la papeleta interrumpe prescripción o suspende caducidad desde su presentación, según el artículo 65.1. El cómputo se reinicia o reanuda al día siguiente del intento de conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles sin celebración; deben analizarse también las restantes reglas y excepciones del artículo. La suspensión de una caducidad no significa empezar siempre un nuevo plazo completo. Conservar fecha de presentación, notificación y acta es indispensable.
05
Vía administrativa previa y litigios contra Administraciones
No debe confundirse la conciliación laboral con el agotamiento de la vía administrativa cuando se demanda a una Administración en materias determinadas. El artículo 69 contempla reglas sobre esta vía y sus especialidades. La exigencia concreta depende del objeto del litigio y de la regulación aplicable, no de que el demandado sea sencillamente un ente público.
Las notificaciones administrativas deben identificar, cuando corresponda, los medios y plazos de impugnación. La falta de resolución y los errores en la información sobre recursos pueden tener consecuencias propias. Antes de presentar demanda hay que distinguir acción laboral frente a Administración, controversia estatutaria y reclamación de prestación de Seguridad Social.
06
Reclamación previa en prestaciones de Seguridad Social
Para prestaciones de Seguridad Social el artículo 71.1 exige, como regla, reclamación administrativa previa. El artículo 71.2 concede treinta días desde la resolución expresa o silencio de la solicitud inicial; si se impugna un alta médica no exceptuada, once días. La propia ley excluye del requisito las altas emitidas por la entidad gestora al agotarse 365 días de incapacidad temporal en el supuesto que delimita el apartado 1. No se deben trasladar a estos asuntos automáticamente los plazos de la conciliación laboral.
Presentada la reclamación previa, el artículo 71.5 fija cuarenta y cinco días para responder y, en defecto de respuesta, desestimación presunta; para altas médicas sujetas a reclamación el plazo de respuesta es de siete días. Como regla general, la demanda ha de presentarse en treinta días desde la denegación o silencio de la reclamación previa (art. 71.6), mientras que para impugnación de altas médicas rige el plazo especial de veinte días, con inicio diferente si no hay reclamación previa obligatoria. Los calendarios, las notificaciones y la modalidad específica deben comprobarse antes de calcular plazos.
El artículo 71.4 permite reiterar una reclamación previa caducada mientras no haya prescrito el derecho, sin perjuicio de los efectos retroactivos que procedan. Esta previsión no permite concluir que cualquier nuevo escrito reabra indefinidamente una acción ya caducada; deben identificarse el derecho y los efectos de la reiteración. El artículo 72 prohíbe variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de lo debatido en vía administrativa, salvo hechos nuevos o desconocidos. El artículo 73 interrumpe la prescripción y suspende la caducidad durante la reclamación previa en los términos legales.
07
Demanda judicial y examen inicial de requisitos
La demanda debe identificar las partes, el órgano, los hechos numerados y la petición, además de los datos y documentos exigidos por el artículo 80 y por la modalidad procesal. La descripción debe permitir a la contraparte conocer qué se reclama y por qué; las pretensiones monetarias requieren una justificación suficiente de conceptos y períodos.
El artículo 81 prevé controles y posibilidades de subsanación de determinados defectos. No puede confundirse esa subsanación con una ampliación automática de plazos de caducidad vencidos. Las demandas sobre despido, Seguridad Social, tutela de derechos fundamentales o conflictos colectivos tienen particularidades que deben examinarse antes de usar un modelo genérico.
08
Citación a juicio y celebración de la vista
La citación debe permitir preparar la defensa, conocer los términos de la reclamación y solicitar los medios probatorios de forma adecuada. La LJS prevé reglas propias sobre conciliación ante el órgano judicial, inicio del juicio, alegaciones de las partes y práctica de prueba. La incomparecencia de una parte puede producir consecuencias distintas según quién falte y las circunstancias.
La audiencia de las partes y el derecho de contradicción resultan esenciales. No basta que un documento obre en un expediente para presumir que puede utilizarse sin sometimiento al debate procesal o sin valorar su autenticidad cuando se cuestiona.
09
Prueba laboral y distribución de las cargas probatorias
La LJS admite distintos medios de prueba y establece reglas para interrogatorios, testificales, documentos, pericias y datos o grabaciones electrónicos. La pertinencia y la proporcionalidad condicionan la admisión, con especial atención a la protección de derechos fundamentales y datos de carácter personal.
El trabajador no soporta idéntica carga probatoria en todas las acciones: hay supuestos de inversión o modulación de la carga, especialmente cuando se alegan indicios de lesión de derechos fundamentales y en determinados despidos. La empresa también debe acreditar los hechos que legalmente le corresponden. Conviene individualizar hechos controvertidos y medios que pueden corroborarlos.
10
Sentencia laboral, congruencia y modalidades de pronunciamiento
La sentencia debe resolver las pretensiones del proceso y motivar la decisión sobre los hechos y el Derecho aplicable. El artículo 97 establece requisitos de sentencia, pero el fallo y sus efectos dependen también de la modalidad procesal. Pueden existir pronunciamientos declarativos, de condena, reintegro o efectos específicos de despido y de prestaciones.
La cosa juzgada y la firmeza deben diferenciarse de la ejecutividad provisional o de los efectos especiales de ciertas resoluciones. No todas las sentencias laborales son susceptibles de los mismos recursos y no todas las condenas se ejecutan siguiendo idéntica secuencia.
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Despido: plazo de impugnación y límites de la controversia
La acción de despido caduca a los veinte días hábiles siguientes al despido conforme al artículo 103.1 LJS; no se computan sábados, domingos ni festivos en la sede del órgano jurisdiccional. La conciliación previa, cuando procede, puede suspender esa caducidad conforme al artículo 65, sin reiniciar automáticamente los veinte días. La demanda ha de individualizar carta, fecha de efectos, hechos, pretensiones y garantías exigibles.
En juicio deben valorarse la carta de despido, la causa alegada, las garantías formales, la prueba aportada y la posible concurrencia de derechos fundamentales. Una calificación de procedencia, improcedencia o nulidad implica consecuencias jurídicas distintas, incluida la readmisión o indemnización según la decisión y el supuesto.
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Movilidad, condiciones de trabajo y tutela de derechos fundamentales
Los litigios sobre traslados, modificaciones sustanciales, reducción de jornada, conciliación y otros cambios empresariales pueden estar sujetos a modalidades específicas, con plazos y reglas propias. No es adecuado presentar siempre una demanda ordinaria ni trasladar el mismo plazo a todas las decisiones de la empresa.
La tutela de libertad sindical, igualdad y demás derechos fundamentales dispone de garantías procesales particulares, incluida la justificación de indicios y la distribución de cargas probatorias en sus presupuestos. Deben examinarse el acto lesivo, el derecho afectado y las medidas concretas de reparación.
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Prestaciones de Seguridad Social y expediente administrativo
Las controversias sobre incapacidad, jubilación, prestaciones de desempleo u otras materias de Seguridad Social exigen identificar la entidad gestora, la resolución impugnada, la reclamación previa cuando sea obligatoria y los informes o antecedentes que fundamentan la solicitud. La modalidad procesal comprende reglas sobre remisión del expediente y valoración de pruebas médicas o económicas.
No debe confundirse el plazo para la entidad gestora de resolver una reclamación con el plazo del ciudadano para formular demanda después de respuesta expresa o silencio. Las prestaciones tienen requisitos materiales propios en sus normas reguladoras: la LJS establece la vía procesal para discutir su reconocimiento o revisión.
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Recursos de suplicación y casación social
La suplicación de los artículos 191 y siguientes no procede contra toda sentencia. Sus motivos del artículo 193 son infracción procesal causante de indefensión, revisión fáctica basada en documentos y pericias e infracción de normas o jurisprudencia. El anuncio debe efectuarse dentro de cinco días desde la notificación de la sentencia (art. 194); la interposición posterior tiene, como regla, diez días desde la puesta a disposición de las actuaciones (art. 195), con requisitos de representación, depósitos y consignaciones cuando correspondan. Anunciar el recurso no equivale a interponerlo.
La casación ordinaria y el recurso de casación para la unificación de doctrina tienen presupuestos y funciones propias. No constituyen una segunda oportunidad para volver a valorar libremente todas las pruebas. El acceso a estos recursos depende del tipo de resolución y de la normativa vigente, además de criterios jurisprudenciales específicos.
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Ejecución de sentencias laborales y garantías de cobro
Las resoluciones judiciales firmes deben cumplirse y pueden requerir actuación ejecutiva cuando el obligado no cumple voluntariamente. La LJS contempla especialidades para condenas a cantidades, obligaciones de readmitir, ejecución frente a entidades públicas y actuaciones de embargo, con mecanismos protectores cuando proceda.
La ejecución provisional, la definitiva y los anticipos o prestaciones que puedan mantenerse durante recursos se someten a reglas distintas. Si el fallo ordena una readmisión o el pago de una pensión, debe concretarse qué actuación, fecha, cuantía o documentación exige su cumplimiento.
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Relación con el Estatuto de los Trabajadores y las reformas recientes
El Estatuto de los Trabajadores fija derechos y obligaciones materiales de la relación laboral; la legislación de Seguridad Social contiene los requisitos sustantivos de prestaciones; la LJS organiza la discusión judicial de esos derechos. La regulación del proceso civil solo opera supletoriamente cuando lo prevé la LJS, no por identidad automática de plazos o medios de negociación.
El BOE recoge modificaciones de la LJS con última publicación consolidada de 30 de abril de 2025. La reorganización judicial de la LO 1/2025 modifica la lectura de denominaciones de órganos y exige examinar reglas de aplicación. Esta ficha no sustituye la verificación del plazo exacto del asunto ni la versión temporal de cada modalidad procesal.
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Artículos especialmente relevantes
Los siguientes preceptos permiten localizar los trámites principales y las modalidades destacadas de la jurisdicción social. El artículo aplicable, sus excepciones y los plazos se determinan por la naturaleza de la acción y la versión temporal de la ley.
Jurisdicción, representación y actos previos
Ámbito del orden social
Enumera materias atribuidas a la jurisdicción social.
Cuándo consultarlo: Para decidir si procede demandar por vía laboral o de Seguridad Social.
Materias excluidas
Delimita supuestos que corresponden a otras jurisdicciones.
Cuándo consultarlo: Cuando una controversia con Administración no es laboral.
Competencia de los órganos de instancia
Distribuye el conocimiento de determinados asuntos a órganos sociales.
Cuándo consultarlo: Para identificar el tribunal competente.
Competencia territorial
Regula criterios de localización judicial en asuntos del orden social.
Cuándo consultarlo: Al escoger la circunscripción de presentación.
Legitimación
Establece quién puede promover y sostener acciones ante la jurisdicción social.
Cuándo consultarlo: Para verificar la condición de demandante y demandado.
Representación y defensa
Regula asistencia profesional y exigencias según el procedimiento y la instancia.
Cuándo consultarlo: Para decidir si se precisa abogado o graduado social.
Conciliación o mediación previa
Establece la regla general de intento previo en los litigios comprendidos.
Cuándo consultarlo: Antes de presentar una demanda laboral.
Excepciones a conciliación previa
Identifica procedimientos exceptuados de conciliación o mediación obligatoria.
Cuándo consultarlo: Para evitar una papeleta improcedente en la modalidad especial.
Efectos de conciliación sobre plazos
Regula suspensión de caducidad e interrupción de prescripción en los casos legales.
Cuándo consultarlo: Para calcular el plazo que resta tras presentar la papeleta.
Vía administrativa previa
Regula acceso al proceso tras actuaciones administrativas cuando corresponde.
Cuándo consultarlo: Cuando el demandado es una Administración.
Reclamación previa de prestaciones de Seguridad Social
Reclamación previa de prestaciones: regla 30 días para reclamar, 45 para contestar y 30 para demandar; para determinadas altas médicas, 11 días de reclamación, 7 para respuesta y 20 para demanda, con exenciones.
Cuándo consultarlo: Antes de presentar demanda frente a denegación del INSS u otra gestora.
Vinculación a lo reclamado previamente
Limita cambios sustanciales entre vía administrativa y proceso.
Cuándo consultarlo: Al redactar hechos y pretensiones de la demanda.
Efectos temporales de la reclamación previa
Regula prescripción y caducidad tras presentación de reclamación previa.
Cuándo consultarlo: Para comprobar desde cuándo vuelve a computarse el plazo.
Demanda, prueba y modalidades especiales
Requisitos de la demanda
Exige datos y contenido esenciales de la demanda social.
Cuándo consultarlo: Para formular pretensión laboral con hechos y petición precisos.
Admisión y subsanación
Establece examen inicial de requisitos y subsanación de defectos permitidos.
Cuándo consultarlo: Ante una comunicación judicial de corrección de demanda.
Citación
Regula la convocatoria al acto de conciliación y juicio.
Cuándo consultarlo: Para verificar el emplazamiento de las partes.
Actos de conciliación y juicio
Disciplina la sucesión de trámites ante el órgano judicial.
Cuándo consultarlo: Para preparar exposición de hechos y defensa oral.
Práctica de prueba
Ordena la actividad probatoria en el acto de juicio.
Cuándo consultarlo: Para proponer prueba documental, testifical o pericial.
Admisibilidad de medios de prueba
Regula medios probatorios y sus límites de licitud.
Cuándo consultarlo: Al cuestionar prueba obtenida vulnerando derechos.
Forma y contenido de la sentencia
Establece requisitos de resolución y motivación judicial.
Cuándo consultarlo: Para valorar congruencia y hechos declarados probados.
Demanda por despido
Contiene plazo de ejercicio de la acción de despido y particularidades.
Cuándo consultarlo: Para evitar caducidad de la impugnación.
Contenido de demanda de despido
Establece extremos específicos de la demanda de despido.
Cuándo consultarlo: Al identificar fecha, salario y circunstancias relevantes.
Carga de prueba en despido
Regula cuestiones de alegación y prueba atribuidas al empresario.
Cuándo consultarlo: Para valorar la causa que fundamenta el despido.
Calificación del despido
Distingue procedencia, improcedencia y nulidad según presupuestos.
Cuándo consultarlo: Al determinar los efectos jurídicos del fallo.
Efectos del despido improcedente
Establece consecuencias de la declaración de improcedencia.
Cuándo consultarlo: Para valorar opción legal entre readmisión e indemnización.
Movilidad y modificación de condiciones
Regula la modalidad de impugnación de determinadas decisiones empresariales.
Cuándo consultarlo: Ante traslado o modificación sustancial.
Prestaciones de Seguridad Social
Contiene reglas procesales específicas de litigios prestacionales.
Cuándo consultarlo: Al demandar reconocimiento o revisión de una pensión.
Recursos y ejecución
Resoluciones recurribles en suplicación
Delimita admisibilidad del recurso y sus exclusiones.
Cuándo consultarlo: Para determinar si una sentencia social admite suplicación.
Objeto de la suplicación
Define motivos de recurso sobre proceso, hechos y Derecho.
Cuándo consultarlo: Para formular motivos y revisión de hechos probados.
Anuncio del recurso
Exige anunciar suplicación en cinco días desde la notificación de la sentencia, sin confundir el anuncio con la interposición posterior.
Cuándo consultarlo: Para comprobar el cumplimiento de trámites y plazos.
Interposición de suplicación
Regula el escrito de recurso y su fundamentación.
Cuándo consultarlo: Al preparar el recurso ante el órgano competente.
Casación social ordinaria
Delimita motivos y requisitos de la casación ordinaria.
Cuándo consultarlo: Cuando se impugna resolución comprendida en este régimen.
Unificación de doctrina
Regula recurso extraordinario para unificar interpretaciones en condiciones legales.
Cuándo consultarlo: Cuando existe contradicción jurídica relevante entre resoluciones.
Ejecución de sentencias firmes
Establece bases de la ejecución en el orden social.
Cuándo consultarlo: Para exigir cumplimiento de un pronunciamiento laboral.
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Consultar las fuentes
Accede a las fuentes identificadas para contrastar su contenido. Cuando el enlace corresponda a una reproducción editorial, una reseña o un buscador oficial, se indica expresamente.
Normativa oficial
BOE: Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social, texto consolidado
Referencia: BOE-A-2011-15936
Procedencia: Boletín Oficial del Estado
Normativa oficial
BOE: publicación original de la Ley 36/2011
Referencia: Ley 36/2011
Procedencia: Boletín Oficial del Estado
Normativa oficial
BOE: LO 1/2025 y reorganización judicial
Referencia: BOE-A-2025-76
Procedencia: Boletín Oficial del Estado
Sobre las fuentes: La ficha describe instituciones procesales generales y las modalidades laboral, de despido y de Seguridad Social, pero no sustituye el cómputo individual de plazos ni las excepciones y regímenes especiales. El texto consolidado del BOE recoge última modificación publicada el 30 de abril de 2025; la vigencia de cada precepto, las normas transitorias y la distribución de órganos deben cotejarse.
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